Puigdemont se encuentra contra las cuerdas. El Tribunal Supremo ha respaldado la decisión del juez instructor del caso ‘procés’, Pablo Llarena. La decisión de excluir la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación que se imputa a Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.
Los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Pola han rechazado los recursos de apelación presentados por las defensas. Esto, al considerar que la resolución de Llarena "no vulnera la voluntad del legislador", según señala la nota informativa emitida por la Sala.
En julio del año pasado, el juez encargado del caso ‘procés’ decidió no amnistiar el delito de malversación a Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Ante esta resolución, las defensas interpusieron un recurso de reforma, que fue desestimado en septiembre, cuando el magistrado confirmó su decisión inicial. Posteriormente, presentaron un nuevo recurso que fue debatido en una vista pública celebrada el 10 de julio.
El Supremo le niega la amnistía por malversación
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, defendió que los recursos presentados por las defensas fueran aceptados. Argumentó que el juez instructor del ‘procés’ cometió un error.
Esto, al asegurar que los acusados se beneficiaron personalmente al cargar al erario público los gastos de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Según ella, carecía de fundamento.
La fiscal que quiere conceder la amnistía
La fiscal que se empeña en conceder la amnistía a Carles Puigdemont, en la misma que ha salido en defensa del fiscal general de Pedro Sánchez, Álvaro García Ortiz, imputado. Se trata de María Ángeles Sánchez Conde, la que subrayó que la acusación contra el separatista sobre enriquecimiento carece de fundamento.
Sánchez Conde es la número dos de García Ortiz, imputado por presunto delito de revelación de secretos. Un dato que permite entender mejor el porqué de su empeño en colaborar con los socios de Sánchez. Ángeles Sánchez Conde, ha querido defender a García Ortiz de manera desesperada.
El Supremo ha respaldado la decisión del juez Pablo Llarena
La fiscal defensora de Puigdemont ingresó en la Carrera Fiscal en el año 1982. Ese mismo año, la mujer obtuvo su primer destino en Cádiz. Dos años después, en 1984, se trasladó a la capital catalana.
Después de estar en la ciudad condal, la número dos del Fiscal General fue nombrada Fiscal en León en 1991. Años antes, en 1988, fue nombrada Fiscal en Bilbao y en 1990, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En 1997, fue designada Fiscal ante el Tribunal Constitucional, y en 2006, ocupó el cargo de Teniente Fiscal de la misma Fiscalía. En 2009, ascendió a Fiscal de Sala y fue nombrada Fiscal Jefe de dicha Fiscalía.
En marzo de 2021, asumió el cargo de Fiscal de Sala adscrita a la Sala de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Un año después, en 2022, Sánchez Conde terminó tomando posesión como Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.
Gonzalo Pinilla EDATV