Hacienda da marcha atrás. La Agencia Tributaria ha cerrado en las últimas semanas al menos tres investigaciones a profesionales liberales que denunciaban ser objeto de «inspecciones políticas». Dos de los perjudicados mantienen algún litigio con el Gobierno o miembros de este, según ha podido saber THE OBJECTIVE.
La decisión, repentina, llega casualmente días después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, levantara el secreto de sumario del caso Montoro. Los investigadores sostienen que el exministro Cristóbal Montoro se prevaleció de su cargo para hacer un marcaje fiscal a compañeros de partido, rivales políticos y periodistas.
Las inspecciones tributarias se iniciaron hace algunos meses de oficio, sin denuncia previa. Los expedientes están relacionados con los ejercicios fiscales de 2020, el último que puede ser investigado por Hacienda, ya que el plazo de prescripción para imponer sanciones es de cuatro años desde la fecha en la que fue cometida la infracción. La responsabilidad de los delitos fiscales se extingue a los cinco años, diez si es agravado. La prescripción implica que, una vez transcurrido el periodo estipulado, la Agencia Tributaria no puede perseguir la conducta infractora penalmente ni reclamar las cantidades defraudadas.
Las investigaciones afectan a profesionales liberales que mantienen litigios con miembros del Gobierno
Uno de los casos afecta al despacho de abogados que cerca a un subordinado de Félix Bolaños. Su directora presentó en mayo una querella al considerar que estaba sufriendo «una inspección política» por su intervención en dos causas contra miembros del Gobierno y sus familiares. De hecho, subraya que los procedimientos se iniciaron cuando estos casos comenzaron a tener repercusión pública. La querella pide que se investigue a dos funcionarios de Hacienda por un presunto delito de prevaricación y que se tomen medidas cautelares para asegurar la efectividad de la tutela judicial.
Querella contra Hacienda
El despacho de abogados afectado se constituyó en junio de 2020, en plena pandemia, sin que su actividad haya sido objeto de debate durante años. Hacienda le notificó el pasado octubre la apertura de un expediente de comprobación de los ejercicios 2020 y 2021. Clientes y proveedores empezaron a contactar con el bufete sorprendidos porque la Agencia Tributaria les estaba remitiendo requerimientos de información. Querían conocer cuestiones tan concretas como cuándo y dónde se reunieron con sus miembros.
La letrada compareció en diciembre en las dependencias de Hacienda. En el acta que se levantó de la reunión se quejó de que la jefa de Inspección conocía cómo iba a acabar su expediente, todo ello sin que los investigados hubiesen aportado aún documentos ni información al respecto. La querella, que incorpora audios de aquel encuentro, explica que las afirmaciones realizadas evidencian que la inspectora era «plenamente conocedora del interés personal en el asunto».
La Agencia Tributaria citó a la letrada de nuevo el próximo mes de septiembre, aunque ya no tendrá que acudir. La semana pasada recibió una comunicación que le eximía de ese requerimiento. Otro despacho de abogados y un profesional liberal que se quejaban de ser víctimas de una «inspección política» y una «cacería fiscal» también han recibido en los últimos días notificaciones para indicarles el cierre de su expediente. De esa manera, decae la investigación en la que estaban inmersos.
No todos han tenido la misma suerte, ya que otros expedientes señalados como «inspecciones políticas» se mantienen activos. Es el caso de dos familiares de un abogado que advirtió a diversas instituciones de que varios miembros del Gobierno poseían cuentas en el extranjero. Un especialista en Derecho Tributario reconoce a este diario que este tipo de investigaciones han sido siempre habituales «para presionar».
Las investigaciones de Montoro. La Fiscalía Anticorrupción ya alertó al juez Rus que Montoro recibió «información reservada y sensible» de inspecciones fiscales y causas judiciales secretas que afectaban a adversarios políticos, famosos, periodistas e incluso compañeros de partido. El sumario al que ha tenido acceso este periódico constata que el ex director de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez pasaba información «legalmente protegida» tanto al ministro como a personas de su confianza.
La investigación revela cómo el círculo de Montoro durante su etapa al frente de Hacienda con Mariano Rajoy se prevaleció de sus cargos para traficar con información confidencial que no deberían haber tenido. Rus debe indagar ahora en el uso que se dio a esos datos secretos. Entre las víctimas de esas inspecciones se encuentran periodistas como Javier Chicote; famosos como Rafael Nadal y la baronesa Thyssen; compañeros de partido como Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato y Luis Bárcenas, y rivales como Juan Carlos Monedero, que ha intentado personarse en la causa sin éxito.
La Agencia Tributaria ha perdido 2.900 juicios durante la última década.
Estas investigaciones han trascendido nuestro país. El abogado Robert Amsterdam, socio fundador del despacho Amsterdam & Partners, uno de los más prestigiosos del mundo en asuntos de fiscalidad, acusa a Hacienda de actuar fuera de la legalidad con las inspecciones realizadas a miles de contribuyentes de otros países. En mayo presentó un informe para advertir de dichos «abusos» y anunció una batería de demandas en representación de afectados españoles y extranjeros.
Semanas más tarde, Amsterdam explicó que acudiría a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para denunciar a España como «sistema corrupto» y pedir que ningún país comparta su información fiscal «mientras no se respete el Estado de Derecho».
Las declaraciones se produjeron horas después de que la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, remitiera una carta a toda la plantilla para mostrarle su apoyo por el «ataque frontal» a la lucha contra el fraude que, en su opinión, ejerce este despacho. Amsterdam & Partners se refirió a Hacienda como «carteristas» a finales del año pasado durante la campaña de publicidad que desarrolló en varios países para captar clientes que se acogen a la Ley Beckham y, por tanto solo se les permite tributar por las rentas generadas en España.
Información de: Fran Serrato (The Objective)