Álvaro García Ortiz está más cerca que nunca de sentarse en el banquillo de los acusados. El Tribunal Supremo (TS) ha respaldado la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, por el que las acusaciones piden hasta seis años de cárcel, por la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Sala de Apelación, conformada en este caso por los magistrados Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar, ha desestimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, pero por mayoría, ya que Palomo ha emitido un voto particular.
En cambio, han estimado por unanimidad el recurso de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a la que levanta el procesamiento, por lo que queda fuera de la causa. El Tribunal Supremo considera que estaba obligada a informar al fiscal general del Estado sobre la investigación por delitos fiscales contra Alberto González Amador. En concreto, los magistrados apuntan que “la dación de cuentas” que hizo a García Ortiz “estaba justificada porque el asunto del que se recabó información tenía un indudable interés informativo”.
Las acusaciones piden hasta seis años de cárcel para García Ortiz por la supuesta filtración de datos del novio de Ayuso
“El cumplimiento de los requerimientos del fiscal general del Estado constituye una actuación de dación de cuenta, es un acto reglado y es algo habitual en la actividad propia del cargo que ejercía la investigada en tanto forma parte de las obligaciones impuestas por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a todos los fiscales“, recuerda el auto, al que ha tenido acceso Europa Press.
Posible filtración de datos de la pareja de Ayuso. La Justicia investiga al fiscal general del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la filtración de correos electrónicos del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Las acusaciones solicitan entre cuatro y seis años de prisión, una multa económica y su inhabilitación profesional. El alto tribunal asumió la investigación hace diez meses, tras transferirla del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, centrándose en una nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo del año pasado, que detallaba el intercambio de emails entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto, responsable de la pesquisa fiscal contra él.
El caso se originó en una querella presentada por González Amador por la filtración de esos correos, en los que admitía la comisión de dos delitos fiscales y buscaba un acuerdo de conformidad para reducir su pena. El Supremo imputó a García Ortiz en octubre, e informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelaron que borró mensajes de WhatsApp durante los días clave de la filtración, el 16 de octubre, coincidiendo con la apertura de la causa. Además, no se pudieron recuperar copias de seguridad de Google Drive debido a la eliminación deliberada de la cuenta asociada, aunque la Fiscalía argumentó que los datos se eliminan periódicamente. García Ortiz cambió de número de teléfono y terminal tras ser imputado.
La defensa de García Ortiz insiste en archivar el caso por ausencia de “verdaderos indicios objetivos” y rechaza cualquier indicación procedente de la Presidencia del Gobierno. La Fiscalía va más allá, solicitando la cancelación del procesamiento y denunciando al instructor, el magistrado Lucas Hurtado, por apuntar a Moncloa sin base probatoria; ya ha pedido en varias ocasiones la nulidad del registro en su despacho el 30 de octubre. Durante su declaración ante el juez el 29 de enero, García Ortiz calificó la entrada como “invasiva de derechos fundamentales”, interpretado por juristas como una estrategia para recurrir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, la Sala de Apelaciones del Supremo validó en febrero la diligencia, que incluyó la incautación de sus móviles y dispositivos electrónicos.
El Gobierno mantiene su apoyo a García Ortiz
Pese a la decisión del Supremo, el Gobierno ha indicado que mantiene su apoyo a García Ortiz, según apuntan fuentes del Ejecutivo a Europa Press. De esta forma continúan con su postura sobre la causa judicial que tienen en el punto de mira al fiscal general, siguen defendiéndole a pesar de los avances de la investigación en su contra.
La última miembro del Gobierno en mostrar su defensa pública al ahora procesado fue Pilar Alegría. Cuando el Supremo solicitó el procesamiento de García Ortiz, la ministra de Educación trasladó su apoyo «total» al fiscal al tiempo que acusó al TS de llevar a cabo decisiones “difíciles de entender”.
Información de. Alfonso C. Suárez (TheObjective)